miércoles, 22 de agosto de 2012

El trasfondo político-económico del conflicto de las Telecomunicaciones.


Estas tres últimas semanas han sido trascendentales en el conflicto que se ha suscitado entre el Gobierno Federal y la empresa de comunicaciones MVS. Hemos tenido a la vista dos aristas importantísimas para entender lo que está sucediendo: la perspectiva del “buen” gobierno Calderonista y la resistencia activa de la empresa de la familia Vargas.

            Los dichos han ido y venido, y al final de cuentas, seguimos con la misma incógnita sin poder decidir a quién debe atribuírsele la razón en este caso. El gobierno de la república lo denomina como “El rescate de la banda de 2.5 Ghz”, al tiempo que argumenta que no era explotada de la manera debida y que cuando existió la posibilidad de darle la utilidad que merecía, pues simplemente no se arreglaron en precio; es decir, el costo de la 2.5 era bajo comparado con la utilidad de la misma. Por otro lado, Joaquín Vargas, Presidente del Grupo de MVS Comunicaciones, refuta esa versión diciendo que todo forma parte de un “chantaje” proveniente del ejecutivo federal para inhibir la competencia en materia de Telecomunicaciones, y así poder entregar en bandeja de oro a la fusión Televisa-TvAzteca, la banda más codiciada que permitiría estar a la vanguardia en materia de Telecomunicaciones a cualquier empresa y poder brindar servicios de alta calidad a un precio accesible, entre otras cosas.

            Lo cierto es que desde la polémica salida de Carmen Aristegui hace ya dieciocho meses, cuando se suscitó el conflicto de la molesta pregunta de si ¿tiene o no problemas de alcoholismo el Presidente de la República?, se argumentaba que más que un ataque a la libertad de expresión (en lo cual hay algo de cierto), el verdadero trasfondo respecto de su salida, se apegaba a conflictos económicos entre Gobierno y empresa sobre precisamente esta banda de 2.5Ghz, con la que MVS pretendía hacer competencia a las televisoras, ante la inminente fusión que se avecinada y que se consolidó, como el peligrosísimo acto de concentración en materia de Telecomunicaciones que representa para nuestro país.

            Hoy día, una vez concretado el retiro de esta licitación, salen a la luz los trapos al sol tanto de una parte como de la otra; y en esa tesitura de ideas, el trasfondo real que existe sobre la banda que todos quieren, tal y como apunta Ramón Alberto Garza de Reporte Indigo. El meollo del asunto, apunta entonces a un trasfondo político con meras intenciones económicas, y no tanto a la protección que deba darse a un derecho como la libertad de expresión, el cual sin duda, no debe dejarse a un lado.

Es evidente la intención de Calderón al tomar esta decisión justo después de que han sido celebrados los comicios electorales y a unos días de que el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación emita el fallo respectivo en el que muy probablemente declare como Presidente electo a Enrique Peña Nieto. Por lo que de ser así, veríamos entonces perfeccionado el nefasto plan de Televisa para imponer sus intereses monopólicos por encima de los de Nación (nada raro por cierto).

Podemos decir que la obra se representa en tres actos: 1) Televisa arma la campaña presidencial de Peña Nieto; 2) El PRI gana la contienda presidencial; 3) Peña Nieto y el PRI pagan el favor a Televisa, concediéndoles la banda de 2.5 Ghz a efecto de que puedan explotar sin problema alguno, la concentración y fusión que ha llevado a cabo con Tv Azteca.

Así pues, una vez más como cada sexenio, el castigo se lo lleva el más desobediente de los niños. Y es entonces como Scherer, Gutierrez Vivó y ahora los Vargas son los que pagan la travesura que se convirtió en el capricho de los Presidentes.

           Llevar el conflicto a los Tribunales, puede ser lo más conveniente en este caso aun cuando exista poca credibilidad en las Instituciones mexicanas, pero creo que es necesaria esta intervención, para dar un giro un poco más formal a todas estas acusaciones sin sentido que van y vienen de un lado al otro entre chismes que emanan tanto del poder público como lo es el Gobierno de la República, como del privado en el caso de esta importantísima empresa mexicana. Y que en todo caso, quienes debemos estar informados al respecto somos nosotros los ciudadanos, pues el espectro electromagnético es de orden público y en consecuencia de la Nación mexicana, lo que sin duda nos incluye.

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