Estas tres últimas semanas
han sido trascendentales en el conflicto que se ha suscitado entre el Gobierno
Federal y la empresa de comunicaciones MVS. Hemos tenido a la vista dos aristas
importantísimas para entender lo que está sucediendo: la perspectiva del “buen”
gobierno Calderonista y la resistencia activa de la empresa de la familia
Vargas.
Los dichos han ido y venido, y al final de cuentas,
seguimos con la misma incógnita sin poder decidir a quién debe atribuírsele la
razón en este caso. El gobierno de la república lo denomina como “El rescate de
la banda de 2.5 Ghz”, al tiempo que argumenta que no era explotada de la manera
debida y que cuando existió la posibilidad de darle la utilidad que merecía,
pues simplemente no se arreglaron en precio; es decir, el costo de la 2.5 era
bajo comparado con la utilidad de la misma. Por otro lado, Joaquín Vargas,
Presidente del Grupo de MVS Comunicaciones, refuta esa versión diciendo que
todo forma parte de un “chantaje” proveniente del ejecutivo federal para
inhibir la competencia en materia de Telecomunicaciones, y así poder entregar
en bandeja de oro a la fusión Televisa-TvAzteca, la banda más codiciada que
permitiría estar a la vanguardia en materia de Telecomunicaciones a cualquier
empresa y poder brindar servicios de alta calidad a un precio accesible, entre
otras cosas.
Lo cierto es que desde la polémica salida de Carmen
Aristegui hace ya dieciocho meses, cuando se suscitó el conflicto de la molesta
pregunta de si ¿tiene o no problemas de alcoholismo el Presidente de la
República?, se argumentaba que más que un ataque a la libertad de expresión (en
lo cual hay algo de cierto), el verdadero trasfondo respecto de su salida, se
apegaba a conflictos económicos entre Gobierno y empresa sobre precisamente
esta banda de 2.5Ghz, con la que MVS pretendía hacer competencia a las
televisoras, ante la inminente fusión que se avecinada y que se consolidó, como
el peligrosísimo acto de concentración en materia de Telecomunicaciones que
representa para nuestro país.
Hoy día, una vez concretado el retiro de esta licitación,
salen a la luz los trapos al sol tanto de una parte como de la otra; y en esa
tesitura de ideas, el trasfondo real que existe sobre la banda que todos
quieren, tal y como apunta Ramón Alberto Garza de Reporte Indigo. El meollo del
asunto, apunta entonces a un trasfondo político con meras intenciones
económicas, y no tanto a la protección que deba darse a un derecho como la
libertad de expresión, el cual sin duda, no debe dejarse a un lado.
Es
evidente la intención de Calderón al tomar esta decisión justo después de que
han sido celebrados los comicios electorales y a unos días de que el Tribunal
Electoral de Poder Judicial de la Federación emita el fallo respectivo en el
que muy probablemente declare como Presidente electo a Enrique Peña Nieto. Por
lo que de ser así, veríamos entonces perfeccionado el nefasto plan de Televisa
para imponer sus intereses monopólicos por encima de los de Nación (nada raro
por cierto).
Podemos
decir que la obra se representa en tres actos: 1) Televisa arma la campaña
presidencial de Peña Nieto; 2) El PRI gana la contienda presidencial; 3) Peña
Nieto y el PRI pagan el favor a Televisa, concediéndoles la banda de 2.5 Ghz a
efecto de que puedan explotar sin problema alguno, la concentración y fusión
que ha llevado a cabo con Tv Azteca.
Así
pues, una vez más como cada sexenio, el castigo se lo lleva el más desobediente
de los niños. Y es entonces como Scherer, Gutierrez Vivó y ahora los Vargas son
los que pagan la travesura que se convirtió en el capricho de los Presidentes.
Llevar el conflicto a
los Tribunales, puede ser lo más conveniente en este caso aun cuando exista
poca credibilidad en las Instituciones mexicanas, pero creo que es necesaria
esta intervención, para dar un giro un poco más formal a todas estas
acusaciones sin sentido que van y vienen de un lado al otro entre chismes que
emanan tanto del poder público como lo es el Gobierno de la República, como del
privado en el caso de esta importantísima empresa mexicana. Y que en todo caso,
quienes debemos estar informados al respecto somos nosotros los ciudadanos,
pues el espectro electromagnético es de orden público y en consecuencia de la
Nación mexicana, lo que sin duda nos incluye.
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