14 de Febrero de 2011
La libertad de expresión en México nunca será completa si los periodistas no son dueños del contenido de sus programas de radio y televisión.
Lo puesto a considerarse la semana pasada, a raíz de la cancelación de un programa periodístico en MVS, es: quién decide qué se dice en los espacios de la radio y la televisión mexicanas. Ese es el fondo del debate, oculto bajo el escándalo de rumores y torpezas de empresarios privados y funcionarios públicos que coincidieron en callar alguna voz molesta. No les gustó una opinión y decidieron suprimirla, medida inaceptable en el México actual, deseoso de avanzar en su proceso democrático.
De acuerdo con la legislación en vigor, es el titular de la concesión para operar una estación de radio o televisión el responsable del uso que de ella se haga. La violación de leyes que protegen los derechos de terceros conlleva sanciones, desde una multa a la pérdida de la concesión, independientemente de que la conducta violatoria haya sido de empleados, prestadores de servicios, invitados o individuos anónimos entrevistados en algún programa, incluso por teléfono.
El marco legal del uso del espectro radiotelefónico marca una diferencia de origen con otros medios de difusión de las noticias. La prensa impresa no requiere permiso especial agregado al del establecimiento de cualquier sociedad mercantil. En la prensa mexicana es costumbre respetada en casi todos los periódicos que los articulistas, columnistas o dibujantes que firman sus trabajos, aun con seudónimo, gocen de absoluta libertad de expresar sus pensamientos y sean los únicos responsables de ellos. El propietario del periódico, que puede ser o no el presidente, director o editor, no avala el contenido de las colaboraciones ajenas y expresa su opinión en su columna editorial; no siendo usufructuario de un bien nacional, no corre el riesgo de perderlo.
Dicho de otra manera: mientras en radio y televisión el concesionario puede ser culpado de lo que otros digan, en la prensa impresa el empresario no comparte responsabilidad con el autor de una colaboración firmada. Ante este riesgo, los dueños de estaciones de radio y televisión establecen medidas estrictas de supervisión de contenidos, como el código de ética furtivo y misterioso mencionado en el incidente de la semana pasada, artilugio de limitación de la libertad al que sobra la palabra ética.
Si alguna utilidad pudiera derivarse de tanto alboroto sería la de trabajar en serio para normar y garantizar la libertad de informar y opinar de los periodistas de medios electrónicos. No sería poca cosa avanzar en la creación de una estructura técnica, financiera y jurídica que abriera a la prensa cotos prohibidos actualmente en México para la difusión libre de las ideas. La cibernética rebasó a la radiotelevisión tradicional. La dejó atrás, como isla de usufructo privado, al abrir caminos populares, gratuitos y eficaces a millones de personas en el mundo que carecían de la posibilidad de ser escuchadas. Algunos radiotelevisores a la antigua, que son los más, creen que las regulaciones anacrónicas los protegen y salvarán. Se equivocan si se empeñan en llenar con vino tierno los odres viejos. El progreso técnico y la lucha de cada pueblo por gozar de todos sus derechos no pueden detenerse con diques artificiales.
Los programas periodísticos, informativos o noticiosos de la radio y la televisión en México deben estar a salvo de los intereses de los concesionarios o de los políticos en el poder, blindándose la libertad de los periodistas profesionales de ejercer su derecho de informar, opinar o equivocarse. Preferible el error a la mutilación de una garantía constitucional, así sea mínima y disfrazada.
Nos hemos quedado atrás. Como siempre la ley llega después de la conducta, para adecuarla a la vida en sociedad. Nuestro desarrollo exige poner al día las leyes que rigen el informar por radio y televisión. Ya no son las adecuadas.
Deben protegerse, por supuesto, los derechos de los concesionarios, pero nadie puede defender la desmesura de favorecer a un grupo en mengua del bien general, en este caso el de los ciudadanos a ser informados sin cortapisas ni deformaciones. Y el de los periodistas a ejercer su oficio sin amenazas ni pactos nebulosos.
El periodismo de radio y televisión debe tener las mismas características que el de la prensa impresa. Evitar, entre otras cosas, que la noticia y el comentario sean instrumentos de intereses políticos o de lucro. Darle a dios lo que es de dios, al césar lo que es del césar y a los periodistas lo que es de los periodistas.
Esa es la asignatura pendiente.
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