Caso Florence Cassez, del montaje mediático a la crisis diplomática

Jenaro Villamil



MÉXICO, D.F., 16 de febrero (apro).- Si un caso demuestra hasta dónde puede escalar un montaje mediático para servirle de propaganda al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y encubrir relaciones poco claras entre este funcionario y las televisoras, en especial con Televisa, éste es el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por el delito de secuestro y cuya petición de amparo fue rechazada el jueves 10 de febrero por un tribunal.
Lo único claro y contundente en el caso de Cassez es que la difusión de su detención, la mañana del 9 de diciembre de 2005, se trató de un montaje televisivo, una “recreación” le dicen en Televisa, a costa de la integridad de las víctimas y de quienes fueron presentados en cadena nacional como presuntos responsables.
Esa mañana, en la pantalla de Primero Noticias, el reportero de Televisa, Pablo Reinah, inició así su enlace:
“De último minuto, un duro golpe contra la industria del secuestro se está dando en estos momentos y es que la AFI trabajó durante semanas y esta madrugada lo que está haciendo es liberar a personas secuestradas… Estamos viendo cómo están entrando en estos instantes los agentes”.
La cámara enfocó la acción y siguió hasta el cuarto de la habitación de una cabaña, allanada por los agentes federales, bajo las órdenes de García Luna. En una mesa se observó una laptop, credenciales de elector, un pasamontañas, una máscara de hule de hombre lobo y, al lado, dos rifles AK-47, armas usadas presuntamente por los sujetos que están a cuadro.
“Podemos mostrarles a los secuestradores –afirmó el reportero de Televisa-. Estas son las armas con que secuestraban a sus víctimas. Esta mujer que vemos aquí tapada es una mujer de origen francés, era también la esposa (de Israel Vallarta) quien ayudó a planear este secuestro”.
Esa mujer “tapada” era Florence Cassez. Ella negó, desesperada, que estuviera involucrada en el caso del secuestro de Cristina Ríos Bayadares y de su hijo, a manos de una “peligrosa banda” conocida como Los Zodiaco.
En la transmisión en vivo, el reportero se dirigió a Ezequiel, uno de los secuestrados, que afirmó frente a las cámaras:
“Mucha gente piensa que no trabaja la policía, pero la verdad es que si ellos no estuvieran aquí, no sé qué hubiera sido de mí”.
Días después de la transmisión en vivo del “innegable golpe” de la AFI, Vallarta y Cassez denunciaron que todo fue un montaje para la televisión, un reality judicial para recrear lo que supuestamente había sucedido varias horas antes.
Televisa acusó al periodista Reinah de haber sido el principal responsable de lo que sucedió y lo despidieron de la empresa. Argumentaron que ellos no sabían que se trataba de un montaje. García Luna, en ese momento director de la AFI, argumentó que fueron los reporteros televisivos quienes le pidieron “recrear” el operativo.
Reinah se inconformó ante la decisión de la empresa. Presentó una queja el 15 de febrero de 2006 ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos para deslindarse de la versión de sus ex jefes de la televisora, al tiempo que también demandó laboralmente a Televisa.
En paralelo, el juicio contra Cassez generó una de las crisis diplomáticas más severas entre México y Francia. La cúspide de esta crisis ocurrió en julio de 2009, durante la visita del presidente francés Nicolás Sarkozy a nuestro país. El mandatario europeo afirmó que Cassez debía ser juzgada en Francia y no en México. Tomó el caso como un asunto de Estado y la mayoría de los medios franceses documentaron desde 2008 la suma de irregularidades, especialmente, el montaje mediático.
En su alegato ante la CNDH Reinah afirmó que a las 4:30 de la mañana, vía teléfono celular, recibió una llamada del director de Operaciones de la AFI, Luis Cárdenas, para cubrir la liberación de unas personas secuestradas.
Argumentó que consultó con el titular de Primero Noticias y “se tomó la decisión de que me trasladara al lugar para realizar la cobertura”. Reinah subrayó en la parte central de su queja:
“Rechazo categóricamente haber tenido conocimiento o haber sido avisado de que ese operativo era una recreación…
“En ningún momento solapé, coordiné o gestioné ninguna acción que tuviera que ver con el desempeño de los elementos de la AFI”.
El 30 de marzo de 2007, la CNDH emitió una resolución salomónica. No determinó quién fue el responsable del montaje televisivo, pero le ordenó a la AFI y a la PGR que dejaran libre de cualquier responsabilidad al ex reportero de Televisa. La resolución fue emitida por el quinto visitador Mauricio Farah Gebara, quien aspiró a ser ombudsman nacional el año pasado.
En otras palabras, la CNDH resolvió el caso mediante “el procedimiento de conciliación”.
La misma palabra se utilizó a fines de enero de 2011, cuando Pablo Reinah dio a conocer que después de dos años concluyó su litigio laboral con la empresa Televisa. No hubo un laudo laboral. Reinah y Televisa decidieron cerrar el expediente, sin que se aclarara, hasta ahora quién fue el responsable del montaje mediático.
Este será el punto de la próxima disputa entre los abogados de Cassez, apoyados por el gobierno francés, y los tribunales mexicanos.
El periódico Reforma, en su columna editorial Fray Bartolomé de este viernes 11 de febrero afirmó lo siguiente:
“De que Florence Cassez es culpable de secuestro, de eso ni los franceses tienen duda. Tan es así que el gobierno galo lo que pide es que purgue su pena en Francia, no en México.
“Pero de lo que tampoco hay duda es que su aprehensión fue convertida por Genaro García Luna en una especie de reality show con la complicidad de una televisora.
“Y éste es el punto central de toda la discusión: si el manoseo mediático de la captura afecta el proceso legal en contra de los criminales que integraban la banda de Los Zodiaco.
“Inclusive, las propias autoridades, en una larga ficha informativa –extraoficial, por supuesto- distribuida ayer, reconocían que el montaje en torno a la aprehensión no fue ‘moralmente’ correcto”.
Para otros observadores no se trata de un asunto “moral” sino de justicia penal. El caso se puede revertir en tribunales internacionales porque tanto la AFI como Televisa han admitido el punto central de la defensa de Cassez: el engaño comenzó con un montaje televisivo.
Cassez le declaró al periódico Le Monde que sus acusadores mexicanos “ganaron una batalla, no la guerra”. “Voy a seguir hasta el final, soy inocente”, subrayó.
La canciller francesa Michele Alliot Marie afirmó a la televisión francesa que las relaciones bilaterales podrían afectarse ante un caso así. Tanto, que se pueden suspender los festejos de la amistad México-Francia en este año.
La pista de este escándalo diplomático y jurídico se trasladarán con toda seguridad a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/88510 

El derecho de hablar por Jacobo Zabludovsky

14 de Febrero de 2011

La libertad de expresión en México nunca será completa si los periodistas no son dueños del contenido de sus programas de radio y televisión.

Lo puesto a considerarse la semana pasada, a raíz de la cancelación de un programa periodístico en MVS, es: quién decide qué se dice en los espacios de la radio y la televisión mexicanas. Ese es el fondo del debate, oculto bajo el escándalo de rumores y torpezas de empresarios privados y funcionarios públicos que coincidieron en callar alguna voz molesta. No les gustó una opinión y decidieron suprimirla, medida inaceptable en el México actual, deseoso de avanzar en su proceso democrático.

De acuerdo con la legislación en vigor, es el titular de la concesión para operar una estación de radio o televisión el responsable del uso que de ella se haga. La violación de leyes que protegen los derechos de terceros conlleva sanciones, desde una multa a la pérdida de la concesión, independientemente de que la conducta violatoria haya sido de empleados, prestadores de servicios, invitados o individuos anónimos entrevistados en algún programa, incluso por teléfono.

El marco legal del uso del espectro radiotelefónico marca una diferencia de origen con otros medios de difusión de las noticias. La prensa impresa no requiere permiso especial agregado al del establecimiento de cualquier sociedad mercantil. En la prensa mexicana es costumbre respetada en casi todos los periódicos que los articulistas, columnistas o dibujantes que firman sus trabajos, aun con seudónimo, gocen de absoluta libertad de expresar sus pensamientos y sean los únicos responsables de ellos. El propietario del periódico, que puede ser o no el presidente, director o editor, no avala el contenido de las colaboraciones ajenas y expresa su opinión en su columna editorial; no siendo usufructuario de un bien nacional, no corre el riesgo de perderlo.

Dicho de otra manera: mientras en radio y televisión el concesionario puede ser culpado de lo que otros digan, en la prensa impresa el empresario no comparte responsabilidad con el autor de una colaboración firmada. Ante este riesgo, los dueños de estaciones de radio y televisión establecen medidas estrictas de supervisión de contenidos, como el código de ética furtivo y misterioso mencionado en el incidente de la semana pasada, artilugio de limitación de la libertad al que sobra la palabra ética.

Si alguna utilidad pudiera derivarse de tanto alboroto sería la de trabajar en serio para normar y garantizar la libertad de informar y opinar de los periodistas de medios electrónicos. No sería poca cosa avanzar en la creación de una estructura técnica, financiera y jurídica que abriera a la prensa cotos prohibidos actualmente en México para la difusión libre de las ideas. La cibernética rebasó a la radiotelevisión tradicional. La dejó atrás, como isla de usufructo privado, al abrir caminos populares, gratuitos y eficaces a millones de personas en el mundo que carecían de la posibilidad de ser escuchadas. Algunos radiotelevisores a la antigua, que son los más, creen que las regulaciones anacrónicas los protegen y salvarán. Se equivocan si se empeñan en llenar con vino tierno los odres viejos. El progreso técnico y la lucha de cada pueblo por gozar de todos sus derechos no pueden detenerse con diques artificiales.

Los programas periodísticos, informativos o noticiosos de la radio y la televisión en México deben estar a salvo de los intereses de los concesionarios o de los políticos en el poder, blindándose la libertad de los periodistas profesionales de ejercer su derecho de informar, opinar o equivocarse. Preferible el error a la mutilación de una garantía constitucional, así sea mínima y disfrazada.

Nos hemos quedado atrás. Como siempre la ley llega después de la conducta, para adecuarla a la vida en sociedad. Nuestro desarrollo exige poner al día las leyes que rigen el informar por radio y televisión. Ya no son las adecuadas.

Deben protegerse, por supuesto, los derechos de los concesionarios, pero nadie puede defender la desmesura de favorecer a un grupo en mengua del bien general, en este caso el de los ciudadanos a ser informados sin cortapisas ni deformaciones. Y el de los periodistas a ejercer su oficio sin amenazas ni pactos nebulosos.

El periodismo de radio y televisión debe tener las mismas características que el de la prensa impresa. Evitar, entre otras cosas, que la noticia y el comentario sean instrumentos de intereses políticos o de lucro. Darle a dios lo que es de dios, al césar lo que es del césar y a los periodistas lo que es de los periodistas.

Esa es la asignatura pendiente. 

http://www.eluniversal.com.mx/editoriales/51695.html