El sábado 15 de septiembre de
2012 en pleno inicio de la jornada laboral fueron desalojados del zócalo de la
Ciudad de Puebla, los integrantes del movimiento-campamento #YoSoy132. Alrededor
de unos 50 jóvenes fueron puestos a disposición de diversos Juzgados
Calificadores bajo la supuesta falta administrativa de “alteración del orden
público”. La verdadera razón es una muy
distinta.
Ese
día por la noche se daría el grito de independencia; policías municipales y del
área metropolitana arribaron a la plaza céntrica de la Capital Poblana y levantaron
junto con todas sus pertenencias a los integrantes del movimiento #YoSoy132,
quienes libremente y en pleno ejercicio de sus derechos humanos, se
manifestaban contra el resultado de las elecciones presidenciales y la resolución
del TEPJF. Situación que venían haciendo desde hace tiempo frente al Palacio
Municipal, y donde año tras año en punto de las 11:30pm., el Gobernador del
Estado encabeza el grito de Independencia.
Desde
temprano, diversos medios de comunicación hicieron difusa la nota y antes de
medio día ya había un escándalo por la detención de alrededor de 50 jóvenes
integrantes de dicho movimiento. Fue entonces cuando el Secretario de Gobierno
Fernando Manzanilla Prieto salió a dar la noticia y con aires de bondad solicito,
o más bien determinó que de manera express se liberaran a todos los jóvenes
detenidos por la misma causa, al mismo tiempo que se condonaban las multas que
como sanción administrativa correspondían hacerse acreedores.
En este hecho
existen dos puntos complejos e interesantes para analizar. El primero es el
entorno político que como tal motivó el desalojo de los estudiantes y el
segundo la arbitrariedad del Gobierno Estatal y Municipal para pasar por encima
de los derechos fundamentales de un sector social que se manifiesta de manera libre
y pacífica.
Parece
ser que la causa principal del desalojo de los estudiantes en el Zócalo de la
Capital Poblana no tuvo fin diverso, más que el de tener listo y en orden el
lugar que sería sede para dar el Grito de Independencia, cosa que no es de
extrañarse por dos puntos indiscutibles, por un lado brindar las condiciones de
seguridad y orden para la celebración de los festejos patrios y por el otro, el
egocentrismo y autoritarismo que caracteriza al Gobierno Rafael Moreno Valle, para
no acudir a lugar alguno sin que se cumplan con los requisitos previos
establecidos por él y de su grupo de asesores para su seguridad personal.
El
segundo punto es más alarmante que complejo. De manera arbitraria, funcionarios
de la Policía Municipal levantan en su totalidad la manifestación del
movimiento estudiantil encuadrando la conducta que motiva dicha actuación de
manera absurda en una supuesta “alteración del orden público”. A lo anterior,
nace la pregunta para la autoridad municipal del ¿Por qué no actuó antes si esa
manifestación llevaba más de un mes? La respuesta es omisa por ser obvia. La
autoridad no es tonta y sabe que los estudiantes del #YoSoy132 se encuentran en
pleno uso de sus derechos constitucionales, por lo que atentar contra los actos
de dicho movimiento atenta al mismo tiempo contra los derechos humanos de los
mismos.
Desde esta
perspectiva, es en consecuencia inaplicable la conducta de “alteración del
orden público” porque el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser a
la vez una falta administrativa. Pensar que podría ser encuadrada, es ilógico por
naturaleza de ambos conceptos. Dicho lo anterior, tampoco es acreditable multa
alguna por dicha conducta y entonces su condonación es igualmente inaplicable. Así
pues, el actuar de la autoridad carece de bondad y justicia, pues nada puede
otorgársele como meritorio al Gobierno del Estado que tan gentilmente y de
manera express agilizó trámites y autorizó condonaciones de multas para que los
jóvenes pudieran disfrutar ese día de las fiestas patrias (esta petición es
incoherente pues las competencias son distintas, perteneciendo una al orden
municipal y la otra al estatal).
Breve,
considero que el Gobierno Estatal y Municipal deben ser más inteligentes y
astutos en este aspecto. No puede permitirse el gran error de que al momento de
complacer a una parte de la sociedad, se atropelle los intereses y derechos de la
otra. Este tipo de arbitrariedades que terminan en ser abusos de autoridad,
solo demuestran la falta de capacidad política de un Gobierno que se muestra
cerrado al diálogo. Los jóvenes del movimiento #YoSoy132 han comenzado a hacer
sus denuncias en la Comisión de Derechos Humanos del Estado, pero habrá que
esperar a ver su actuación, pues si de algo podemos quejarnos los poblanos es
que la CEDH ha servido desde su creación, por lo menos en nuestra Entidad para
dos cosas: para nada y para lo mismo. En fin, estaremos comentando más
adelante.
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